25 de noviembre – Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer
El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer con el objetivo de sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia de las que son víctimas las mujeres en todo el mundo. Esta conmemoración tiene como origen el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en la República Dominicana.
Hasta no hace mucho tiempo, las conductas violentas por motivos de género eran consideradas fenómenos privados, íntimos o del ámbito familiar. En esta misma línea, también los femicidios, feminicidios, travesticidios y transfemicidios eran considerados crímenes pasionales. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido importantes transformaciones sociales que, acompañadas de aportes teóricos y cambios jurídicos, nos han permitido nombrar y develar las raíces profundas de las violencias machistas.
Estas transformaciones se ven reflejadas en el instrumental normativo con el que hoy contamos. Estos avances se han venido produciendo desde la creación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU-CEDAW, 1979) y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994). En ese período, muchos países de la región, incluido el nuestro, sancionaron las que hoy se conocen como “leyes de primera generación”, como la Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar (nº 24.417/1994), que situaban el problema de la violencia machista en el ámbito doméstico o intrafamiliar.
Una década más tarde, se comienzan a sancionar las llamadas “leyes de segunda generación”, que se diferencian de las primeras porque identifican las causas estructurales de la violencia de género y definen los distintos tipos de manifestaciones y ámbitos en los que estas se producen, advirtiendo, también, que pueden darse por la acción u omisión del Estado. Con estas leyes se interpreta que las distintas formas de violencia machista son una violación a los derechos humanos y se definen medidas de protección integral. Dentro de esta nueva generación normativa se ubica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (nº 26.485/2009). La idea de integralidad plantea un horizonte de transformación cultural profunda que coloca al Estado como responsable de garantizar una vida libre de violencias para toda la ciudadanía, también, porque es quien debe promover e implementar políticas públicas tendientes a remover y eliminar las condiciones que hacen posible que las violencias se produzcan, y asistir y proteger a quienes las padecen.
Este fin de semana en distintos lugares del país habrá movilizaciones con consignas centradas en sostener políticas públicas de prevención y acompañamiento. Ante la avanzada de una agenda negacionista en este sentido, y de ataque a estas políticas, las consignas serán “Ni un paso atrás”, “Ni un derecho menos, ni un ajuste más”, “Nos tenemos” y “En defensa de nuestros derechos”.
Este 25N los movimientos feministas y de la diversidad llamamos a defender los derechos conquistados en los últimos años: la plena vigencia de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos; la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; la Ley Micaela de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado; las políticas y programas de prevención y erradicación contra las violencias patriarcales centralizados en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como la Línea 144 de atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, el Programa Acompañar dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, Promotorxs Territoriales en materia de género y diversidad a nivel comunitario, entre otros.
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