El 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaba que la enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) podía caracterizarse como una pandemia. Esto suponía que la epidemia se extendía por varios países, continentes y el mundo, afectando a un gran número de personas.
En respuesta a esta declaración, los gobiernos de los distintos países adoptaron medidas para paliar su impacto. Sean estas más restrictivas o menos restrictivas, lo cierto es que afectan de manera diferente a hombres y mujeres. Así lo reconoce la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), en su Informe: “COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis”. El informe señala que las mujeres son imprescindibles en la lucha contra el brote; están en la primera línea de respuesta y asumen mayores costos físicos y emocionales, así como un mayor riesgo de infección en las estrategias para enfrentar la crisis.
Las medidas de aislamiento social, tuvieron un impacto particularmente duro en aquellos sectores de la población con condiciones laborales más precarizadas. Es por este motivo que las mujeres, sobrerrepresentadas en estos sectores de la población, se ven más afectadas. La capacidad de las mujeres para conseguir sus medios de vida se ve altamente afectada por el brote. Por otra parte, la situación de aislamiento social, aumentando el tiempo de presencia en los hogares, impacta especialmente a las mujeres, debido a que recaen particularmente sobre ellas las labores de cuidado. Ya sean estas labores el cuidado de las personas que constituyen grupos de riesgo, como el trabajo doméstico no remunerado, es evidente que el grueso de las nuevas responsabilidades surgidas de esta crisis impacta directamente sobre las mujeres.
Esta pandemia constituye un aumento en las tensiones a las que está sometido el sistema de salud y reorganiza sus prioridades. De esta manera, todos los servicios considerados como “no esenciales” en este contexto de crisis, se encuentran relegados a un segundo lugar. Los datos obtenidos durante brotes infecciosos anteriores indican que se exacerban la falta de acceso a los servicios fundamentales para las mujeres, incluidos la atención de salud prenatal y postnatal y la distribución de métodos anticonceptivos.
Por otro lado, la situación de crisis, provoca impactos indirectos en la población. Por ejemplo, la migración irregular de las mujeres y niñas genera mayores riesgos de protección asociados con la violencia de género y la trata. El informe de la ONU señala que el brote ha provocado un aumento de la estigmatización, la xenofobia y la discriminación.
Por su parte, el contexto de emergencia aumenta los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. Las personas sobrevivientes de violencia a su vez, pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. Cuando se considera la seguridad de las mujeres, no debemos olvidarnos tampoco de la seguridad alimentaria de mujeres y niñas que puede verse afectada por las dificultades de acceso a alimentos nutritivos y seguros.
En su informe, el organismo exhorta a las autoridades de cada país a que aseguren respuestas que aborden las necesidades particulares de mujeres y niñas, y establece una serie de recomendaciones para que los gobiernos tengan en consideración en su tratamiento de la crisis[1].
En Argentina, la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada a partir del DECNU-2020-297-APN-PTE ha supuesto, entre otras cuestiones, la adopción de medidas en materia de género y diversidad. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se reconoce que este contexto podría propiciar un aumento de los casos de violencias por motivos de género y una disminución de los recursos disponibles para las mujeres que en el marco de la emergencia sanitaria atraviesan estas situaciones[2]. Se informa el refuerzo de los canales de contacto y la adopción de una serie de medidas específicas. Además, se ha lanzado la campaña #CuarentenaEnRedes; se han formulado recomendaciones en materia de tareas de cuidado; medidas para el traslado de niñas, niños y adolescentes durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio; y otras específicas destinadas a la población LGBTI+.
En este escenario, es importante destacar que el pasado 20 de marzo, primer día de aislamiento obligatorio, se registraron 41 denuncias de violencia de género sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta cifra se fue incrementando en los días siguientes. Según la Asociación Civil, “La Casa del Encuentro”, desde el día 16 de marzo de 2020, se reconoció un aumento del 25% en el número de llamadas solicitando asesoramiento por violencia de género[3].
Desde la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE), parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de la que la UNLC forma parte, se acaba de realizar un pronunciamiento en relación a la preocupación por estos datos. Desde la Universidad Nacional de los Comechingones seguimos trabajando en pos de visibilizar estas situaciones y las y los invitamos a ser parte de nuestras iniciativas en el tema http://www.unlc.edu.ar/genero.
Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado – UNLC.
[1] Véase: https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta
[2] Véase: https://www.argentina.gob.ar
[3] Véase: https://www.anred.org/
Pronunciamiento de RUGE
Quienes conformamos la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias (RUGE) dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), queremos expresar nuestra preocupación por las situaciones de violencia de género, en particular, los feminicidios ocurridos en nuestro país desde el inicio de la “cuarentena sanitaria obligatoria”.
Quienes habitamos las universidades, quienes trabajamos e investigamos la temática, sabemos que los hogares siguen siendo los lugares más inseguros para las mujeres y disidencias sexuales, que más del 60% de los feminicidios y/o travesticidios fueron cometidos por la pareja o ex pareja de las víctimas y que, en solo 10 días de aislamiento obligatorio, se registraron 12 feminicidios y más de un centenar de denuncias por violencia. Al día de la fecha en Argentina se registra un feminicidio cada 23 hs. (Datos del Observatorio “Ahora que si nos ven”, 2020)
Como mujeres y disidencias, como universitarias, nos pronunciamos con preocupación sobre la problemática de la violencia machista y patriarcal como un modo de dar visibilidad a la problemática de la violencia por razones de género y exigimos medidas de urgencia junto con políticas públicas integrales y de calidad que garanticen los derechos de las mujeres y disidencias. Sostenemos que la violencia patriarcal también es pandemia en la Argentina: la lista de víctimas de feminicidios no cesa, los índices de llamados y pedidos de auxilio a las líneas estatales tampoco, por tal razón consideramos urgente la implementación en su totalidad de la Ley nacional N° 26485, la Ley Nacional “Brisa” y la Ley Nacional “Micaela”.
Queremos que todas las universidades públicas cuenten con herramientas de protección, como son los protocolos de actuación en caso de violencia por razones de género, con profesionalización y presupuesto para los equipos de implementación y que la transversalización de la perspectiva de género en la currícula de nuestras casas de estudios sea una realidad.
Ni una menos, vivas nos queremos.
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