El 8 de marzo, originalmente Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se asocia desde sus inicios a los reclamos de las mujeres en el siglo XX, por el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Es preocupante observar que, tras la proclamación de esta fecha por parte de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, estas demandas persisten al día de hoy y con fuerza. En este 2025 en particular, se cumplirá el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un documento que reconoció a nivel internacional los obstáculos y estableció una hoja de ruta, para alcanzar la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. En un contexto de creciente inseguridad, crisis acumuladas y desconfianza en la democracia, “tan solo en el último año, 612 millones de mujeres y niñas vivieron en la realidad brutal del conflicto armado, lo que supone un inquietante aumento del 50% en sólo una década” (ONU, 2025).
En Argentina, la violencia persiste también, entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2025, el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” identificó 52 femicidios, es decir, un femicidio cada 27 horas en lo que va del año. En este contexto, en noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión que se está impulsando desde el Ejecutivo nacional, en relación a las políticas de género, derechos sexuales y reproductivos, así como la falta de cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en la materia.
Nuestro país, que supo ser referente en materia de legislación con la “Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, y que dio voz al reclamo por su cumplimiento con el grito de “Ni Una Menos”, también estableció un importante hito con la sanción de la “Ley Micaela” en el año 2018. En un marco de desfinanciamiento del sistema de educación, ciencia, tecnología e innovación, y de alerta en torno al retroceso, como se señalara, de políticas de género y diversidad, este 8 de marzo, miles de mujeres y disidencias se movilizaron una vez más en las calles para reclamar su cumplimiento. Desde la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias del Consejo Interuniversitario Nacional, se publicó un informe sobre el “Estado de implementación de la Ley Micaela en el sistema universitario argentino”.
Los datos recolectados permiten inferir que instrumentos tan importantes como la Ley N° 27.499, han ganado aceptación y legitimidad al interior de las Universidades, que las comunidades educativas manifiestan aceptación en cuanto a su implementación, y que reconocen avances en cuanto a la visibilización y sensibilización en torno a la problemática de la violencia. No obstante, “comienza a identificarse la falta de presupuesto como un problema que puede afectar el desarrollo de acciones cuyo fin es la prevención de la violencia y la discriminación en el ámbito universitario” (RUGE, 2025). Desde el Programa de Género y Diversidad de la UNLC, invitamos a nuestra comunidad a la lectura de este documento (véase aquí)
